Me propongo aquí analizar algunas dimensiones de los retos de la enseñanza superior en América Latina y el Caribe frente al desafío del siglo XXI. Al mismo tiempo, pretendo contextualizar las políticas, y factores que según los autores han limitado u obstruido los avances democráticos que se han producido en este campo. Entiendo que el derecho a la educación en nuestros países constituye un requisito para poder pensar en su futuro, ayudando a diseñar estrategias que permitan superar aquellas barreras que han impedido que vivamos en sociedades donde la Educación Superior sea un bien público y no una mercancía a ser apropiada o expropiada por aquellos sujetos u organizaciones que detentan el poder económico y político.
En este sentido, en su artículo, Saint-Pierre menciona que es estimulante, al menos, el hecho de que “se han levantado muchas voces para defender que la enseñanza superior debe ser definida como un servicio público, y no como una empresa determinada por las leyes del mercado. Este trabajo se sustenta en la idea de que la responsabilidad social de la universidad es una estrategia válida para el modelo de construcción sostenible y justa que requieren nuestras sociedades. Esto implica tener que mirar a la universidad desde la óptica de su compromiso para buscar los medios para erradicar la pobreza y la exclusión social, para poner fin al deterioro del medio ambiente y mejorar la calidad de vida. Sostiene que la misión de la enseñanza superior se debe centrar en objetivos que apunten, a apoyar y a favorecer un desarrollo humano, equitativo y duradero, a formar ciudadanos autónomos, críticos, polivalentes, creativos y capaces de enfrentar los desafíos a la vista para el siglo XXI. Considera que la identidad de una universidad se sustenta, en su valor transformador, es decir, en su capacidad de ser un laboratorio de innovación social y de cooperación con otros agentes sociales que orienta el marco de lo que hace, lo que enseña, lo que investiga y dónde está presente, hacia la inclusión y la justicia social. Finalmente señala que el compromiso institucional, la transparencia, autorregulación, los modelos de gestión de la investigación responsables, la rendición de cuentas, los indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan iniciar a las universidades procesos de mejora continua en todas sus ámbitos de actividad: docencia, investigación, proyección social y gestión organizativa, acreditación y evaluación, cultura de red, énfasis en el valor de la comunidad universitaria en el conjunto de la sociedad, gestión a largo plazo, etc. son contenidos propios de la responsabilidad de una universidad.
Por otro lado, Didriksson menciona en su artículo, que dentro de las políticas y estrategias para la modernización y transformación de la Educación Superior para América Latina y el Caribe, impulsadas por casi todos los organismos internacionales, se incluyen conceptos como competitividad, innovación, calidad y pertinencia, donde el sistema educativo tendría como principal función la producción de recursos humanos o “capital humano” para la nueva economía. “Necesitamos políticas educativas orientadas al logro de la equidad en el acceso a la educación – ya que su ausencia “disminuye el potencial productivo de la mitad de la fuerza de trabajo nacional” (Banco Mundial, 1990) Así mismo, la educación, la ciencia y la tecnología aparecen como condiciones para lograr la competitividad, la que a su vez es necesaria según ellos, para ampliar los límites materiales dentro de los cuales se pueda alcanzar una mayor “equidad y democracia”.
Me parece que el alcance que han tenido las orientaciones de estos organismos rectores de las políticas educativas, para conducir el rumbo de la Educación Superior latinoamericana y del Caribe, hacia el concierto mundial de la sociedad globalizada, es evidente, de acuerdo con el artículo, en los años noventa la CEPAL produjo una propuesta de estrategia económica que denominó “Transformación productiva con equidad”. En ella se plantea que alcanzar la transformación productiva exige una mayor apertura de la economía como medio para inducir aumentos en la productividad, lo que trae como consecuencia, la necesidad de incorporar el “progreso técnico”. Progreso que obviamente implicaba la intervención de una serie de factores como: el fortalecimiento de la base empresarial, la infraestructura tecnológica, la creciente apertura a la economía internacional y muy especialmente la formación de recursos humanos y el conjunto de incentivos y mecanismos que favorecen el acceso y la generación de nuevos conocimientos. Es desde este punto de vista, que considero que estas Organizaciones Internacionales no son otra cosa que los principales promotores de un esfuerzo para hegemonizar la Educación Superior en América Latina y el Caribe, como parte de un solo proyecto maestro o global.
Según Didriksson, se deben diferenciar las contribuciones de la universidad al progreso social, del crecimiento económico y del desarrollo cultural. Tratándose de progreso social, tres elementos deben ser tomados en cuenta: a) el impacto sobre la igualdad social, a través de una política de acceso democrático, que incluya los beneficios a minorías étnicas y a mujeres, la educación de adultos y la contribución de la educación superior a las escuelas. Más tarde, pasa a hablar de la contribución de la enseñanza superior al conjunto del sistema educativo; el impacto sobre la investigación y el impacto y nivel local y regional.
Es importante señalar, que aquí coincido con él, ya que no se puede poner en práctica un modelo universal, justamente ahí donde existe un complejo mosaico cultural y evidentes sistemas educativos asimétricos como los de América Latina y el Caribe, en comparación con los países desarrollados. Específicamente en el campo de la educación, donde se engranan una serie de elementos diferenciales, debemos considerar que cada país tiene sus particularidades, políticas, económicas, geopolíticas, culturales, sociales y educativas, así como particulares son sus intereses y necesidades sostenidas por otro conjunto propio de sectores sociales e instituciones.
Esto me lleva a pensar que como reflexiona Morín, ningún proyecto social es pleno, total o absolutamente satisfactorio; puede ofrecer aportaciones, pero su capacidad hegemónica es parcial e inestable. Puedo decir ahora con certeza, que cualquier proyecto que aspire a marcar rumbo o hegemonizar a un conjunto de identidades diferentes, nunca logrará su objetivo de manera plena, por suerte, porque entonces sí que sería el fin de la historia. “Los despotismos y totalitarismos saben que los individuos portadores de diferencia constituyen una desviación potencial; ellos los eliminan y aniquilan los microfocos de desviación.
Sin embargo, los despotismos terminan por ablandarse y la desviación surge, incluso al más alto nivel del Estado, de manera inesperada en la mente de un nuevo soberano o de un nuevo secretario general.” Morín.
El proyecto para la Educación Superior, se presenta entonces como universal, gracias a los desafíos y retos para el Siglo XXI, propuestos por las agencias que promueven este nuevo modelo y orden social y sus políticas. Como consecuencia, el conocimiento como motor ordenador de la vida social explota ante los huecos y asimetrías existentes en los países en vías de desarrollo. El conocimiento como motor de la economía de mercado y el discurso de las competencias que lo acompañan en el campo de la educación, entran en tensión con los múltiples sentidos de los saberes culturales de los pueblos y naciones de América latina y el Caribe, incluso con su idea misma de lo educativo como dimensión constitutiva de lo social y de la educación como conjunto de prácticas sociales. No obstante todo esto, la sociedad queda en singular, representando un tipo de sociedad amplia en la que se inmovilizan las diferencias culturales y saberes no sólo científicos, sino aquellos que emanan de la cultura.
Considero que desde diferentes sectores sociales se pueden proponer respuestas comprometidas. En mi caso voy a responder como sujeto social y educativo, creo que para educar a una nación y a sus grupos sociales, el punto de partida es considerar a la educación como un proyecto político cultural. Tengo claro que el conocimiento no puede ser reducido a un producto mercantil, sino que el conocimiento educativo tiene que ser productivo, sí, pero socialmente productivo. Donde esta idea de proyecto sea fundamental, sin perder jamás de vista este aspecto: si el proyecto educativo excluye el análisis del proyecto social al cual sirve, se pierde el sentido de objetividad histórica y cultural. Finalmente agregaré que la internacionalización de la educación avanza, y no la podemos detener, pero en naciones en donde día a día enfrentamos brechas y rezagos, no podemos desanimarnos, ya que tenemos un compromiso común basado en el esfuerzo, compartido de la la crítica, del análisis y del estudio de los problemas sociales, como nuestra prioridad.
Fuentes:
Didriksson Axel. América Latina y el Caribe frente al desafío del siglo XXI. La educación superior ante el nuevo diseño integrador.
Morin Edgar. Enfrentar las incertidumbres.
Saint-Pierre Céline. La enseñanza superior y su papel esencial en el desarrollo humano.
Morin Edgar. Enfrentar las incertidumbres.
Saint-Pierre Céline. La enseñanza superior y su papel esencial en el desarrollo humano.
Ma Carmen Gaona. Mayo, 2009.
